#Opinión: ¿Y la apertura parlamentaria?

 

Columna de opinión de Alejandro Tello publicada originalmente en La Orquesta

La idea actual de democracia ha cambiado considerablemente dado cierto tránsito existente entre una concepción representativa a otra participativa. Ya no bastan las condiciones mínimas que se reducen a la elección de quienes gobernarán, sino que se requiere de una mayor participación por parte de la ciudadanía: como enfatizar la vigilancia de la labor del gobierno o demandar mayor transparencia; por parte del gobierno se requiere mayor compromiso con la población, que abarque asuntos como la rendición de cuentas o los datos abiertos, entre otros aspectos. Estos corresponden al desarrollo del gobierno y parlamento abiertos, figuras de la gobernanza que abonan a generar entornos más democráticos.

En México, una serie de organizaciones de la sociedad civil, reunidas en la Alianza para el Parlamento Abierto, realizaron un diagnóstico a las 34 instancias legislativas del país (Congresos locales y Congreso de la Unión) con base en 10 principios sobre el parlamento abierto. Justamente uno de ellos es «Conflictos de interés» que se define de la siguiente manera: «Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes». Con otras palabras, se requiere que las legisladoras y los legisladores presenten y actualicen constantemente su declaración de intereses, que se excusen de participar en procesos parlamentarios en los que tengan un potencial conflicto de intereses, entre otras.

En tal diagnóstico, publicado en 2015, el congreso de San Luis Potosí tuvo un nivel de cumplimiento nulo respecto a conflictos de interés; lo más alarmante es que no cumple con ninguna de las variables que conforman tal principio. Esta situación cobra relevancia respecto al caso del diputado local Óscar Vera Fábregat, quien pertenece a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, misma que tiene la obligación de discutir el conflicto que se ha generado alrededor de Uber y el gremio taxista. El conflicto de intereses que se presenta aquí es que el diputado Vera Fábregat es propietario de concesiones de taxi y al legislar sobre un asunto en que él tiene intereses privados incurre en que pueda tomar decisiones parciales. ¿Acaso legislará afectando sus intereses? ¿Se impondrá la obligación que tiene como funcionario público y representante de la ciudadanía o tendrá más peso lo que engorda su patrimonio? Yo me inclino más por lo segundo. Me parece, además, que es pura habladuría el que declare que no se siente ni juez ni parte. Porque ciertamente es ambas.

Tampoco es que San Luis Potosí sea el único estado de la República en que ocurren tales situaciones. En 2015, en Jalisco se desarrolló un conflicto de la misma naturaleza entre Uber y taxistas; el diputado local Manuel López Cedillo presidía la Comisión de Vialidad y Transporte, legislando sobre un tema en que también se presentaba conflicto de intereses: López Cedillo contaba con concesiones de taxis, así como su esposa y dos de sus hermanos. Si bien el diputado había sido taxista desde muchos años antes de entrar en el mundo del servicio público, debe haber vigilancia rigurosa respecto a quiénes son las personas encargadas de discutir sobre los asuntos públicos, por lo que debió excusarse y no participar de ello; al igual que debería hacerlo Vera Fábregat.

No se trata de si Uber es mejor o peor, o que si debe regularizarse su estatus. Se trata de la apertura parlamentaria que beneficie a la ciudadanía olvidada por las personas en el gobierno quienes se sirven con cuchara grande para sí mismas, olvidando su obligación primaria: el servicio público.


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